Revista El Observador

Cuando el ego de Rafael Piña, Segundo Teniente de Alcalde de Marbella y Presidente del Distrito de San Pedro Alcántara, no podía estar más hinchado [dicen que porque retiene líquidos], la Congregación para las Causas de los Santos, con sede en ciudad del Vaticano, se está planteando estudiar el milagro o virtud heroica llevada a término por el ínclito político, seguro que con ayuda de algún bien retribuido y agradecido funcionario/monaguillo del cada vez menos Ilustre Ayuntamiento de Marbella.

Y es que el primer milagro de Don Rafael que llegó a oídos del Vaticano, no fue debidamente tomado en cuenta: otorgar licencia de apertura a un establecimiento que acumulaba tantos informes negativos que lo hacían más que imposible de legalizar, máxime cuando en mayo de 2017 se dio a conocer una Sentencia que anulaba la licencia de obras del mismo.

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Revista El Observador

La Guardia Civil, por medio del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), ha incoado expediente para cerrar un segundo vertedero ilegal situado en San Pedro Alcántara.

Como prácticamente todo, al responsable del Distrito de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, le importa un auténtico rábano el medio ambiente y la normativa aplicable a vertederos municipales. De hecho, en el mes de mayo del año pasado, por esta parte se puso en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza la existencia de un vertedero ilegal en las inmediaciones de un conocido y concurrido supermercado, situado al norte de San Pedro Alcántara. Creyeron nuestros actuales gobernantes que allí pasarían desapercibidos los restos de podas y escombros que engalanaban una de las primeras zonas comerciales de la localidad, en la que además de supermercados, se encuentran varios concesionarios de vehículos. Todo un reclamo para el turismo.

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Revista El Observador

Durante el pasado mes de noviembre, a bombo y platillo, en dependencias de la Oficina de Distrito de San Pedro Alcántara (que no Tenencia de Alcaldía), y a cargo de Gema Midón Toro, asesora responsable de Cultura, Educación, Patrimonio y Juventud de San Pedro Alcántara, con un sueldo anual bruto de 47.900 euros, fue presentada la organización de una macro fiesta de Fin de Año. Un evento que finalmente ha sido suspendido al parecer por motivos de seguridad del recinto. La fiesta tenía que haber sido realizada en la Carpa de San Pedro Alcántara, situada a pocos metros del Tanatorio y del antiguo barrio de Las Medranas.

Y decimos que las autoridades locales anunciaron el acontecimiento como propio, no sólo porque lo hicieran en sede oficial, sino porque en toda la cartelería aparecía vinculada la legalmente inexistente Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara. E incluso, según la versión de un grupo de la oposición, la venta de entradas no se efectuó exclusivamente en El Corte Inglés, Correos y la web oficial del evento. Sino que el Ayuntamiento de Marbella, dirigido por Ángeles Muñoz (PP), también puso a disposición de los organizadores dependencias del Área de Juventud para dicho fin.

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Revista El Observador

Hace bien poco se cumplían dos años desde que la Junta de Andalucía, en una Orden de 7 de septiembre de 2015, decidía no continuar con el procedimiento de alteración de los términos municipales de Marbella y Benahavís, en las zonas conocidas como “Horno de la Miera”, Urbanización La Quinta, Urbanización Los Naranjos y Vega el Colorao, con el consiguiente archivo del expediente (AQUÍ). De forma irregular, la dirección de Urbanismo de la Junta de Andalucía, en vez de anular o subsanar el, llamémosle inocente error cometido en la elaboración del PGOU de Benahavís, instando al consistorio de dicha localidad a la rectificación oportuna, no tuvo otra ocurrencia que iniciar el citado expediente de alteración de términos municipales. Toda una aberración jurídica, si tenemos en cuenta la legislación nacional y autonómica aplicable. No se sabe cómo ni por qué, la administración autonómica hace una interpretación completamente errónea del Artículo 12 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, que regula la demarcación municipal, en vez de dirigirse exclusivamente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Nadie desde 1991, había solicitado iniciar un expediente de segregación o independencia municipal, como sí hicieran por otros motivos mucho menos interesados, los integrantes de la Comisión Promotora de la Segregación y Creación del Municipio de San Pedro Alcántara. Expediente que, por cierto, actualmente se encuentra pendiente del Fallo del Tribunal Supremo.

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